Represión y hostigamiento al sindicalismo santafesino

Desde ATE Rosario repudiaron que en el marco de la causa abierta a trabajadores que protestaron contra la reforma jubilatoria, “el poder judicial no puso límites claros y constitucionales a la persecución a los sindicatos”.

El martes 18 de febrero pasado, los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe “fueron escenario de otro capítulo de la afrenta contra los gremios que luchan”, se quejaron desde la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) Rosario. La instancia judicial se había convocado a pedido de la defensa, la cual planteó nulidades basadas en garantías constitucionales que son parte del Estado de Derecho y que habían sido violentadas en el proceso.

“Se trata de una causa laboral que se criminalizó una vez más en nuestro país. Además se efectuó de una manera absolutamente ilegítima. Por eso pedimos el inmediato sobreseimiento de los compañeros”, explicó la abogada Gabriela Durruti.

La ex legisladora provincial y referenta del derecho, Matilde Bruera, consideró que fue “evidente que tienen ganas de continuar con la investigación y ampliar la persecución» que hoy tiene en el banquillo a cinco personas apuntadas por las protestas del 12 de septiembre de 2024 frente a la legislatura provincial. Desde el inicio del trámite que contó con detenciones y traslados propios de delincuentes narcos, estuvo claro que el objetivo final era ir por las entidades gremiales.

“Una de las nulidades que planteamos pasó porque luego de la audiencia imputativa pudimos acceder al legajo de investigación y nos anoticiamos de que la jueza que había estado al frente de la audiencia imputativa era una de las magistradas que había autorizado el oficio que le pedía a Meta el intercambio de mensajes y toda la información de las redes de todos los sindicatos presentes en la protesta. Entendemos que esto es claramente una persecución gremial que avasalla las libertades sindicales y la libertad de asociación”, detalló Julia Giordano, otra de las letradas.

Vale recordar que el 16 de octubre en un operativo totalmente innecesario, violento y desmedido, se detuvo a trabajadores docentes, estatales y militantes territoriales por participar de la protesta contra la reforma jubilatoria en la ciudad de Santa Fe, el 12 de septiembre.

Si bien fueron liberados por el repudio popular e inconsistencia legal al día siguiente, quedaron comprometidos en una causa que, hoy dejaron claro desde la fiscalía, pretende ir por más imputados y una insólita intromisión en los medios comunicación y de difusión sindicales.

“Está lucha va a ser de largo aliento, vamos a seguir peleando por el cierre de esta causa que solo busca criminalizar la protesta y transformar causas laborales en penales”, dijo Lorena Almirón, Secretaria General de ATE y CTAA Rosario, valorando la enorme muestra de solidaridad en las puertas del edificio santafesino, como en distintos puntos de Latinoamérica.