La Policía de Rosario, intervenida por corrupción

Una investigación de malversación de fondos destinados a la carga de combustibles desencadenó 34 órdenes de allanamientos en comisarías y en domicilios de jefes policiales de la URII. Hay 17 detenidos.

Los procedimientos que derivaron en la intervención por 90 días a la Unidad Regional II de la Policía provincial fueron solicitados por uno de los fiscales de la Oficina de Violencia Institucional, José Luis Caterina. Junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) pusieron la mira sobre la compra de combustible que se destina a los móviles y motocicletas policiales.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial Pablo Coccocioni, acompañado por los fiscales regionales del MPA Caterina y Matías Merl, sentenció que “hay un detrimento al erario público”.y contó que “fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible, y que muchos de estos controles fueron incumplidos”.

En tanto, Merlo relató: “Se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereyra, precisó en declaraciones radiales que la investigación judicial comenzó en julio de 2024 y mencionó la complicidad de los dueños y encargados de estaciones de servicio, y ratificó que los principales beneficiarios de la facturación falsa eran miembros de la fuerza.

Pereyra recordó quel circuito carga de nafta para los móviles fue modificado entre 2015 y 2019 porque había un “nicho de corrupción latente» con el sistema de vales e implementaron la Visa Flota. “Aún así, la inventiva del delincuente siempre va un paso adelante”, dijo en diálogo con LT8. “Había vehículos que cargaban 10 litros y se les facturaban entre 20 ó 30 litros”, detalló. La estación de servicio implicada en el hecho, detalló Pereira, está ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Todo el personal involucrado en la causa pasó a disponibilidad y 13 de ellos quedaron detenidos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso la intervención de la Unidad Regional II por 90 días. La medida puede prorrogarse, de acuerdo a la resolución firmada por Cococcioni.

Pereyra aclaró que el comisario Daniel Acosta continúa en libertad, pero fue separado de su cargo al frente de la fuerza en Rosario. La jefatura quedó en manos de Claudio Romano, un director general retirado que ya desempeñó esa tarea en su carrera.

De acuerdo al cálculo del fiscal Caterina, la red de sobrefacturación se llevaba unos 45 millones de pesos mensuales con compras falsas en algunas estaciones de servicio. Además de los agentes y personal jerárquico de la fuerza, el funcionario judicial solicitó la captura de cuatro civiles como cómplices de la organización.