White Argentinean

Argentina es el único país del mundo que se negó a apoyar una tradicional resolución en favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, en lo que marcó el inicio de la gestión del canciller Gerardo Werthein. 

En el marco de una sesión se que celebró este lunes en Nueva York, EE.UU. 168 países que formaron parte del encuentro -incluido Estados Unidos- se pronunciaron a favor del documento que entre otros puntos expresa “profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”, y condena “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”. 

Hubo  siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia. Pero un solo país en contra: Argentina.

La primera versión del documento de resolución fue presentada en octubre y este lunes se hizo entrega de un nuevo borrador con la firma de 22 países miembro: Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Islandia, Liberia, Noruega, Nicaragua, Perú, Paraguay, Suecia y Venezuela. El escrito se adhiere, en rasgos generales, a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas.

A lo largo de la resolución de 16 páginas, se destaca la importancia de promover y tratar de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también mediante la cooperación internacional para apoyar la concertación de esfuerzos e instrumentos a los niveles nacional y regional con el propósito de alcanzar los fines de la Declaración, incluidos el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala en uno de sus párrafos.