¡Alto!

Control de circulación y exclusivismo territorial. El escenario urbano en nuestra ciudad se encuentra literalmente inundado de luces azules. Controles policiales de las diferentes fuerzas de seguridad, controles de tránsito, alcoholemia, narcolemia, son recurrentes en cualquier esquina. A toda hora paran autos y motos. ¿Se trata solamente de mejorar las condiciones viales, de circulación, de bajar los índices de siniestralidad? 

En primer lugar, es importante aclarar que gran parte de los operativos no son de tránsito. Son de las fuerzas de seguridad. ¿Vigilan el cumplimiento de las normas? Más bien están allí para hacer sentir el control que pesa sobre la población. Por otro lado, las cámaras de seguridad registran patentes para detectar irregularidades como vehículos robados, o en la circulación como excesos de velocidad, cruces de semáforos en rojo, generando un flujo permanente de información que se convierte en multas, pero también en datos acerca de cómo se mueve cada ciudadano en las calles. Llama la atención que no exista ningún organismo de control que fiscalice lo que se hace con esos datos. Para una mayor transparencia, muchos países crearon organismos de control autónomo del ejecutivo, o la supervisión de ONG que tengan que ver con los derechos humanos, con las garantías a la ciudadanía de mecanismos democráticos, con seguridad vial, para chequear que las políticas públicas que se llevan adelante no tienen segundas intenciones.

Si bien se llevaron adelante políticas de educación vial, y en lo formal el Ministerio de Educación provincial tiene incorporada su aplicación a la currícula, la percepción de la ciudadanía es que no es suficiente lo que se hace, más aún en el secundario, que es la edad en la que los jóvenes generalmente aprenden a manejar. Esto a su vez redunda en la que percepción que tienen los conductores de los controles que se realizan es que son meramente recaudatorios y por consiguiente pierden legitimidad como política pública, proliferando grupos de Whatsapp en lo que avisan sobre los diferentes operativos que se realizan para evitarlos.

Sin embargo, a pesar de que los controles son realizados por fuerzas de seguridad, y no tienen autoridad en materia de tránsito, su objetivo es difuso. Según los organismos oficiales son controles de rutina. Lo cierto es que tienen una doble función. En primer lugar, instalan en el paisaje urbano el patrullero, dando respuesta a un pedido de la ciudadanía inducido por los medios de comunicación en los últimos 20 años. Ésta demanda fue utilizada políticamente en diferentes coyunturas electorales. La seguridad y la importancia de la policía en las calles para garantizarlas al tiempo que se reduce el financiamiento de las políticas dirigidas a la juventud, a los consumos problemáticos, a la salud y la educación públicas. En segundo lugar, a medida que aumenta la pobreza, que disminuye el poder adquisitivo, que se licúan los salarios, y que el Estado va abandonando sus funciones de contención, empiezan a aparecer los fantasmas del estallido social. 

El control en los barrios pobres es más frecuente y violento que en los lugares en que viven clases medias y altas. En las zonas más conflictivas, no solamente por las necesidades de las personas que habitan ahí, sino también por los narcos, la motorizada y los patrulleros paran a los pibes como si fueran delincuentes, y los exponen frente a los vecinos a escenas de humillación, y a los que no se la bancan se los llevan en cana.

La intención de controlar las calles en un contexto de conflictividad social es una de las premisas de los gobiernos tecnocráticos. Todas las políticas represivas tienen en cuenta el control de la circulación, el dejar pasar y poder frenar, pero, ¿qué es lo que tiene que circular y qué lo que hay que detener? Tienen que circular los bienes y servicios, todo lo que tenga que ver con el consumo, los bienes materiales y simbólicos que le dan sustento a la sociedad, el individuo solo, aislado, usuario. Al mismo tiempo hay que detener a los jóvenes, estigmatizarlos, y si son pobres más aún. Hay que hacerlos desistir de querer salir del barrio, deteniéndolos, estigmatizándolos, tratándolos como delincuentes. Estos tratos tienen como objetivo la autocensura y el encierro. 

El neoliberalismo funciona sobre la base del exclusivismo. ¿Quiénes son los buenos? ¿Qué característica los hace diferentes? Los elegidos son los muy ricos y sólo los hace diferentes el hecho de tener mucha guita. No tienen ninguna característica personal, o ética, o protocolar como tenía la aristocracia, que los diferencie del resto. Para llegar al nivel de acumulación al que llegaron debieron estafar, coimear, extorsionar a los demás, a los competidores, a las autoridades, al Estado. Porque si hay políticos y sindicalistas corruptos, hay alguien que tiene intereses claros en corromperlos, y saca beneficio de ello. Son los empresarios a los que les interesa el país, para exprimirlo. La sociedad que planean es exclusiva, el pobre afea el centro, y no tiene que llegar. 

El control sobre el tránsito o el control policial tiende a eso, a establecer lugares para cada clase social, para definir qué circuitos podés recorrer en función del sector socioeconómico al que pertenecés. El valor del boleto del transporte público, la frecuencia de los colectivos, y sus recorridos, también evidencia quién puede llegar al centro y quién no. No todos los políticos son conscientes de las consecuencias discriminatorias de esas políticas de control y, a veces sin quererlo, terminan siendo funcionales a estas políticas segregacionistas.

Sólo la participación de la propia ciudadanía en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que tienen que alcanzan a sus rutinas cotidianas, pueden evitar que el Estado termine siendo un proveedor de datos y privilegios al sector del empresariado especulativo, generando condiciones para la profundización de la desigualdad social.

Publicado en el semanario El Eslabón del 31/05/25

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