El problema es la propiedad
La comunicación contrahegemónica enfrenta el desafío de plantear alternativas comunitarias, con medios cooperativos y autogestionados. La información es un derecho, no una mercancía al servicio de intereses económicos concentrados
La comunicación contrahegemónica enfrenta el desafío de plantear alternativas comunitarias, con medios cooperativos y autogestionados. La información es un derecho humano, no una mercancía al servicio de la manipulación y la propaganda de los intereses económicos más concentrados.
La comunicación alternativa y contrahegemónica en red tiene como condición de posibilidad la soberanía digital. Sólo con soberanía digital se puede encarar una construcción colectiva y un proceso participativo que involucre a organizaciones y movimientos sociales desde una visión de la comunicación que implique el reconocimiento del sector informativo como un espacio de disputas de sentidos por la hegemonía política y cultural.
En el contexto actual, en el que se verifica un decidido avance de las formas más extremas de los valores y las ideas corporativas y promercado en detrimento de la justicia social, la solidaridad y la soberanía popular, resulta urgente encarar el desafío de construir soberanía digital al servicio del pueblo, lo que implica, necesariamente, una discusión sobre la propiedad de todo el sistema tecnológico que le sirve de soporte al mundo.
La soberanía digital tiene dos dimensiones. Por un lado, en el plano más individual, se refiere al derecho de los ciudadanos a la privacidad de sus datos personales. Este derecho es violado en forma sistemática por las grandes corporaciones tecnológicas dueñas de las redes sociales y las plataformas (el robo y venta de datos es una de sus principales fuentes de ingresos), y también por parte de empresas que se dedican exclusivamente a esa actividad (bautizadas como “agentes de datos”). Por otro lado, apunta a la seguridad informática de instituciones, empresas y organizaciones públicas y privadas.
“La soberanía digital se refiere al control y la capacidad de los países y sus ciudadanos para ejercer su autonomía y toma de decisiones en el ámbito digital. Esto incluye el control sobre los recursos digitales, la infraestructura, los datos, las aplicaciones y los servicios que se utilizan en el país”, señala el documento publicado por el Sindicato de Telecomunicaciones de la Argentina (Foetra) con el título “Soberanía digital, soberanía de datos”.
“La soberanía de datos específicamente se refiere a cómo construimos información válida con la masividad de datos que tenemos a disposición. Si almacenamos datos estratégicos en servidores cuyas infraestructuras están en el extranjero, corremos el riesgo de carecer de la más mínima garantía sobre la propiedad y seguridad de los mismos”, agrega el informe de Foetra.
Las empresas de tecnología digital más importantes del mundo tienen sede en Estados Unidos. Allí se encuentran los cinco grandes gigantes tecnológicos: Alphabet (Google, Chrome, Chrome OS, Gmail, Google Drive, etc.), Amazon (Prime Video, AWS), Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.), Apple (Apple IOS, iMac, iPad, iPhone, Apple TV, etc.), y Microsoft (Windows, Office, Bing, One Drive, etc.). A estos gigantes hay que sumarles las no menos gigantes X (ex Twitter), Texas Instruments, Salesforce, Intuit, Nvidia, IBM, Intel, Oracle, Cisco, Adobe, ServiceNow, ADP, Fiserv, Paypal, Block, Inc, Palantir, CrowdStrike, Synopsys y Autodesk, entre otras.
Internet se inventó en EEUU. Más precisamente, la creó el complejo militar-industrial de ese país. En plena Guerra Fría, a partir de 1960, nació como un proyecto militar denominado Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (Arpanet), con el objetivo de crear una red de computadoras potente y descentralizada para facilitar la comunicación en caso de ataque de la Unión Soviética. Posteriormente, evolucionó hacia lo que hoy conocemos como Internet, con la introducción de protocolos como TCP/IP y la creación de la World Wide Web.
Las redes sociales también se crearon en EEUU. Se considera que SixDegrees.com es la primera red social moderna. Fue inventada por el neoyorquino Andrew Weinreich en 1997. Permitía crear perfiles, listar amigos y explorar las redes de otros usuarios. También nació en EEUU la Inteligencia Artificial (IA). Su historia comenzó en 1943 con la publicación del artículo A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity (Un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa) de Warren McCullough y Walter Pitts. En ese trabajo, los científicos presentaron el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal.
El primer ordenador de red neuronal, Snarc, fue creado en 1950 por dos alumnos de Harvard: Marvin Minsky y Dean Edmonds. En 1952, Arthur Samuel creó un software capaz de aprender a jugar al ajedrez de forma autónoma. El término IA fue utilizado por primera vez en 1956, en la conferencia dictada por John McCarthy y titulada “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” (“Proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial”). Se considera esta conferencia como el verdadero nacimiento de la inteligencia artificial, tal y como se conoce hoy en día.
La información como mercancía
“Hoy, el mundo digital es el mayor almacén de información de la historia. No hay espacio donde se compartan tantos datos, de toda índole, y de manera tan abierta y sin reservas. Esta característica del espacio virtual pasó de ser una gran oportunidad a convertirse en un gran riesgo en la actualidad debido al crecimiento del denominado capitalismo de vigilancia”, afirma el especialista Marco Antonio Paz Pellat en la nota titulada “La peligrosa industria de venta de datos personales”, publicada en el sitio mexicano Ruiz Healy Times.
El capitalismo de vigilancia, agrega el autor, “se refiere a la mercantilización de datos personales, es decir, en la transformación de información personal en una mercancía sujeta a la compraventa con fines de lucro”.
“Así, las grandes plataformas tecnológicas tienen acceso libre a nuestros datos personales y de nuestros comportamientos privados, comerciales y sociales. Y a la par ha crecido un ecosistema de grandes corporaciones que se dedican a adquirir datos y ordenarlos para su venta en el mercado”, concluye el especialista.
Desde un punto de vista neoliberal o neoliberal neofascista, el término “soberanía” produce cierto escozor, porque trae el odiado fantasma del “Estado regulador” que pone trabas a la libertad de las corporaciones, la única “libertad” que realmente importa en ese espectro ideológico. Es más: el concepto mismo de Estado-nación resulta rechazado en esta etapa del capitalismo financiero donde todo el poder debe residir en las corporaciones, que son transnacionales, globales, desmaterializadas e intangibles.
“A primera vista, la transformación digital y la infraestructura técnica global de la internet parecen representar un desafío a la soberanía. Los principios de territorialidad y jerarquía estatal parecen oponerse a las constelaciones difusas, flexibles y en constante cambio de las redes digitales globales. Además, las aplicaciones digitales y las prácticas en materia de comunicación han generado un impulso que parece desafiar la gobernanza y el control legales. Por lo tanto, el crecimiento de las redes digitales en la década de 1990 hizo que la desaparición del Estado fuera un escenario plausible en lo inmediato. (…) Para contrarrestar los riesgos que podría suponer a su autoridad, los Estados han permitido la aplicación de leyes nacionales y la realización de intervenciones gubernamentales en la esfera digital. A lo largo de los años, han creado y reformado instrumentos técnicos y jurídicos para abordar cuestiones de gobernanza digital. Además, han logrado convencer a la ciudadanía de que la soberanía y la autoridad estatal son necesarias para proteger «bienes vitales», que van desde la seguridad y la prosperidad, hasta las normas culturales y el control de los medios de comunicación”, señalan los autores Julia Pohle y Thorsten Thiel en el informe titulado “Digital sovereignty” (“Soberanía digital”) publicado en el sitio europeo Internet Policy Review.
Pohle y Thiel sostienen que en la actualidad la ciudadanía de muchos países espera que su gobierno proteja su privacidad en línea o combata la desinformación digital y la ciberdelincuencia. “El concepto de soberanía digital se ha convertido en un poderoso término en el discurso político que busca reinstaurar el Estado-nación, incluidas la economía y la ciudadanía de la nación, como una categoría relevante en la gobernanza global de las infraestructuras digitales y el desarrollo de las tecnologías digitales. Es previsible que el concepto de soberanía digital adquiera aún más vigencia política en los próximos años, dado el amplio despliegue de tecnologías digitales altamente invasivas que van desde la inteligencia artificial hasta el «internet de las cosas»”, señala el informe.
“Los debates sobre la soberanía digital se caracterizan por el contraste entre el funcionamiento territorial de nuestros sistemas políticos y jurídicos, por un lado, y el funcionamiento transfronterizo de la economía digital y su infraestructura tecnológica subyacente, por otro. Durante las últimas décadas, los actores han intentado resolver esta tensión de diversas maneras, desde el rechazo liberal a la noción de soberanía digital hasta el actual enfoque neomercantilista, que reconstruye las fronteras soberanas según una proyección geoeconómica del poder. Los recientes cambios en la política estadounidense han acelerado este giro, pero precede a la administración Trump”, señala un informe del sitio Diplo titulado “Digital sovereignty: the end of the open Internet as we know it? Part 1” (“Soberanía digital: ¿el fin de la Internet abierta tal como la conocemos? Parte 1”).
Diplo es una organización internacional sin fines de lucro fundada gracias a la colaboración de los gobiernos de Malta y Suiza. “El enfoque liberal abordó la tensión entre lo territorial y lo transfronterizo eliminando las barreras a los flujos transfronterizos para facilitar la expansión del complejo tecnoeconómico. Según el discurso liberal, el papel de los Estados era proporcionar un entorno seguro y predecible para la operación de los actores transfronterizos”, continúa el informe de la organización internacional, que pone el foco en el caso de Estados Unidos y las medidas promercado.
“Estados Unidos, en particular, realizó una intensa labor diplomática durante la administración Clinton para allanar el camino hacia la Superautopista de la Información, a pesar de la resistencia de algunos países de Europa Occidental y algunos países en desarrollo, como Brasil e India”, indica el texto.
“En el fondo, sin embargo, el gasto público estadounidense en desarrollo e innovación tecnológica se mantuvo elevado, lo que demuestra que Estados Unidos siempre ha sido un estado emprendedor en el ámbito tecnológico, incluido el sector digital. El gobierno se comprometió a «gastar dinero al doble de velocidad que el programa antimisiles de Star Wars del Pentágono» en áreas como las comunicaciones de fibra óptica y las redes informáticas nacionales. La liberalización del sector digital no estaba reñida con la inversión pública en aquel momento. Otros países adoptaron una perspectiva diferente y apostaron por atraer inversión extranjera y facilitar el acceso al mercado como forma de desarrollar sus sectores digitales”, agrega la nota de Diplo.
“Paralelamente, la liberalización también redujo el margen de maniobra de los gobiernos, incluso en lo que respecta a la regulación de los flujos digitales. Con ello, el orden liberal redujo el abanico de posibilidades para definir el punto óptimo entre el ruido inaceptable y las perturbaciones que promueven la evolución. Impulsó el rápido desarrollo de la economía digital y marcó el comienzo de la «era de la interdependencia digital», que se esperaba que aumentara la prosperidad y la libertad para todos. Los liberales celebraron la interdependencia como un elemento promotor de la paz del orden económico internacional”, detalla el informe.
Robo y venta de datos personales
“En la Dark Web, una parte oculta y no indexada de Internet, es posible encontrar la venta y compra de datos personales sensibles como nombres, apellidos, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, imágenes y videos, así como documentos de identidad y otros tipos de información. Esto plantea serias preocupaciones en términos de privacidad y seguridad, ya que dichos datos pueden ser utilizados de manera fraudulenta o maliciosa”, indica Isabela Duran, autora de la nota “Cuánto cuesta tu información personal en la Dark Web”, publicada en el sitio de noticias argentino Infobae.
“Los agentes de datos son empresas que venden información personal sobre ti. Recopilan información desde varias fuentes para compilar una imagen detallada de quién eres tú y, luego, venderla. La venta de datos es un negocio enorme: se estima que la industria está valorizada en 200 mil millones de dólares al año, con hasta 4.000 empresas de venta de datos en todo el mundo. Algunos de los agentes de datos más importantes son Experian, Equifax, Acxiom y Epsilon”, afirma el sitio Kaspersky en la nota “How to Stop Data Brokers from Selling your personal Information” (“Cómo evitar que los agentes de datos vendan tu información personal”).
El sitio estadounidense especializado en negocios Medium establece una diferencia entre “soberanía digital” y “soberanía de datos” en el informe de Yves Delvaux “Data Sovereignty vs Digital Sovereignty: Key Considerations for Businesses” (“Soberanía de datos vs. Soberanía digital: Consideraciones clave para las empresas”).
La autora destaca lo que considera un hecho clave: la soberanía de datos y la soberanía digital son conceptos relacionados, pero distintos. “La soberanía de datos significa que sus datos están sujetos a las leyes y normativas del país o región donde se almacenan. Por ejemplo, si la información sensible se encuentra en un servidor en Francia, las normativas francesas y de la UE determinan el marco legal. Esto garantiza el cumplimiento de las normas locales de privacidad y seguridad. Sin embargo, en esencia, la soberanía de datos se centra principalmente en dónde residen los datos y qué sistema legal se aplica”, afirma Delvaux, al tiempo que aclara que la soberanía de los datos no es sólo una cuestión de ubicación, sino que se refiere a la capacidad de las personas y las organizaciones para controlar el uso de sus datos.
“Esto implica no sólo saber dónde se encuentran, sino también contar con mecanismos para verificar los derechos de acceso, las políticas de uso compartido y la revocación. Incluso si los datos no se almacenan en una infraestructura propia o se encuentran físicamente en su país, puede lograr cierto nivel de soberanía de datos implementando un control de acceso sólido y una gobernanza clara sobre quién puede ver o manipular los datos. Por ejemplo, un cifrado robusto, la gestión de identidades y los acuerdos contractuales pueden permitirle mantener un control práctico sobre el acceso a los datos, incluso en un entorno de terceros”, agrega la nota publicada en Medium.
La soberanía digital, a diferencia de la soberanía de datos, aclara la autora, no se trata sólo de dónde se almacenan los datos, sino de quién controla las herramientas que los procesan. En este sentido, afirma que el Foro Económico Mundial describe la soberanía digital como tener control “sobre tu destino digital, incluyendo no sólo tus datos, sino también los centros de datos, las redes, el software y las plataformas de las que dependes”.
La autora agrega que los gobiernos buscan reducir la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros. Los reguladores europeos han implementado certificaciones como SecNumCloud de Francia y el catálogo C5 de Alemania para promover los servicios de nube soberanos dentro de la Unión Europea. Estas medidas, señala, reconocen que la verdadera soberanía incluye aspectos económicos y de seguridad; un país o empresa puede cumplir con las leyes de datos sin dejar de depender de proveedores de tecnología externos.
“En la práctica, para una empresa, la soberanía digital podría significar el uso de centros de datos locales, software de código abierto para no depender completamente de un proveedor externo”, concluye Delvaux.
Propiedad privada versus propiedad social
No es una discusión nueva. Apunta a quiénes poseen y controlan las herramientas, maquinarias, instalaciones y recursos necesarios para “producir bienes y servicios”, aunque esta última expresión suena un tanto anticuada en esta etapa del capitalismo financiero, que nada produce. De todos modos, la organización económica y social, la construcción de subjetividades, los imaginarios y marcos de referencia, siguen dependiendo de la propiedad, el control y el uso de los “recursos, instalaciones y herramientas”. Hoy se los suele denominar “activos digitales”. Y el hecho de que cada vez más recursos se concentren en cada vez menos manos resulta decisivo a la hora de dar la batalla cultural.
Las condiciones sociales de producción, y más específicamente la propiedad privada, no son hechos naturales sino construcciones sociales que tienen que ver con la historia de las relaciones de poder. No siempre existió la propiedad privada. Y siempre convivió con otras de propiedad, vinculadas a lo colectivo y comunitario y alejadas de la acumulación. El cooperativismo y la autogestión son, por ejemplo, algunas de estas formas alternativas en que la propiedad no produce plusvalía, ni acumulación en pocas manos, ni explotación.
“Durante la mayor parte de la historia, la propiedad privada se limitó a aquellos bienes de uso personal, como podía serlo una casa o las herramientas del herrero (…). Pero la propiedad privada era muy restringida y, en algunos casos, inexistente. Cuando existía, no se aplicaba a tierras lejanas ni a cualquier cosa abstracta, como lo fue a partir del siglo XVII la compra de un centésimo de una empresa que explotaba los recursos del otro lado del mundo”, escribió Jorge Majfud en la nota titulada “Una teoría de la desocialización y el sadomasoquismo político” publicada el 29 de mayo en Página 12.
La soberanía digital no sólo implica la propiedad privada de toda la infraestructura tecnológica necesaria para ejercerla. Habilita grados cada vez mayores de autoridad, de poder, de control y de regulación de la “realidad”, concepto difuso que debe incluir el mundo digital y el que no lo es. La información y los datos se convirtieron en preciadas mercancías, que además permiten la apropiación y acumulación de otros bienes en un proceso que parece tender a infinito. Por eso los paquetes de datos hoy circulan, se compran, se venden, se roban, como cualquier otro bien.
Para sostener una comunicación alternativa, contrahegemónica, que defienda los valores de la justicia social y la soberanía, es indispensable pensar en la propiedad social, comunitaria, de la tecnología digital. Los modelos cooperativos y la autogestión de las trabajadoras y los trabajadores tratan la información como derecho humano fundamental, no como mercancía. Y así pueden romper con la lógica del mercado. Porque más allá de la manipulación, la extorsión emocional y las mentiras de los grandes medios hegemónicos concentrados, existe un más allá del mercado y del capitalismo. Es imaginable y realizable.
Publicado en el semanario El Eslabón del 07/06/25
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