Entre las estadísticas criminales “exitosas” y el surtidor desregulado

La Policía empoderada de Unidos, que el gobernador considera integrada por héroes y a la que le pide mano dura, es la misma de siempre.

El 31 de diciembre del año pasado 10 policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron imputados por allanamientos ilegales, robos, lesiones, plantación de armas y falsificación de actas de procedimientos, en diferentes casos de abuso institucional. El 25 de marzo de este año 12 uniformados de la Brigada Motorizada local resultaron acusados por presunto armado de causas a civiles y cobro de coimas para evitar la inseguridad que, a veces, provoca la fuerza de seguridad. El 15 de abril un juez federal formalizó la acusación y le dictó prisión preventiva a un jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) por avalar métodos de tortura con picana a dos detenidos en un procedimiento ilegal realizado en agosto. Sus subalternos, seis agentes de esa dependencia, habían sido imputados y encarcelados poco antes por el robo de armas, de 15 ladrillos de cocaína, 50 mil dólares y 285 mil pesos. El descubrimiento esta semana de una presunta red policial señalada por malversar fondos públicos con la compra de combustible, que derivó en la detención de 16 miembros de la fuerza –entre ellos varios altos jefes- y la intervención de la Unidad Regional II, sólo debería sorprender a los distraídos. La policía empoderada de la gestión de Unidos no sólo es brava con los jóvenes de sectores populares a los que verduguea en comisarías por la recuperada facultad de averiguación de antecedentes. También conserva los viejos “vicios” de la institución que regula desde el Estado la criminalidad de la ciudad. 

La notable reducción de la tasa de homicidios y de los índices delictivos en pocos meses –que merecería ser un caso de estudio académico– obtenida por el gobernador Maximiliano Pullaro en su primer año de gestión, la consiguió con la misma policía que hasta unos meses antes de diciembre de 2023 casi se ufanaba de su incapacidad para regular el mundo criminal, entre la corrupción, la atomización y la anomia.

El mandatario aportó recursos para equipar a la fuerza y le brindó un claro mensaje de empoderamiento, a la vez que le concedió la recuperación de facultades de escaso maridaje con las libertades individuales garantizadas por las leyes y la Constitución, y sobreactuó la defensa de un policía acusado de gatillo fácil, Luciano Nocelli, a quien consiguió que la Corte Suprema provincial le revoque una condena y sea sometido a una nueva instancia judicial de revisión. El día que se resolvió la recuperación de su libertad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el jefe de Policía y numerosos agentes y patrulleros fueron a abrazarlo al Centro de Justicia Penal de Rosario mediante el empleo de recursos públicos para fines particulares. Un mensaje unívoco. También fue conchabado en la cartera de Seguridad, atento a que la situación procesal no le permite todavía ser reincorporado a la fuerza. 

Héroes de mano dura

El 13 de agosto pasado, en ocasión de celebrarse el 170° aniversario de la creación de la Policía de Rosario, el gobernador Pullaro valoró, a su modo, la tarea realizada por la fuerza de seguridad desde el inicio de su gestión. No era para menos: luego de un marzo con cuatro crímenes de trabajadores al voleo que paralizó a Rosario y el ataque a tiros a un colectivo que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario, el mandatario había logrado “domar” la “inseguridad”.

Entonces, desde un escenario, les habló a los policías rosarinos: “Cuentan con nuestro respaldo y tienen un Gobierno provincial que quiere una policía firme y de mano dura, pero en el marco de la ley y de la Constitución. Pongamos orden y sigamos trayendo paz a Rosario”. Ni el texto magno ni las normas de inferior jerarquía prevén un nivel de rigidez adecuado u óptimo en las extremidades policiales. La política sí.

De hecho, en febrero pasado Pullaro dio signos de a qué se refería, cuando en la campaña para ser convencional constituyente afirmó: “Si ganamos en la elección por la reforma (constitucional), no habrá un sólo concepto garantista en la nueva Constitución”. En declaraciones posteriores al triunfo de Unidos en las elecciones del 13 de abril, amplió el argumento con lo que, se supone, era una aclaración.

Un enviado del diario La Nación a Rosario le preguntó:

—En la campaña afirmó que la nueva constitución no tendrá “un gramo de garantismo”. ¿No es contradictorio con la postura histórica de la UCR?

—¡Garantismo zaffaroniano dije! Hay mucha diferencia. Que ubiquen al delincuente en el lugar de víctima, eso sólo se le puede haber ocurrido a (Eugenio) Zaffaroni, que lideró la teoría jurídica desde el 80 hasta hace un año atrás. Decimos eso, a veces uno extrema los argumentos para que puedan ser comprensibles, pero el tema central es no ubicar al delincuente en el rol de víctima, y la sociedad en el lugar de victimario”.

Dos semanas después del acto azul en Rosario, en un escenario similar pero cuando la que cumplía años era la Policía provincial, el mandatario y ex ministro de Seguridad (2015-2019) hizo referencia al heroísmo de la fuerza, cuyos miembros empezaron a trastabillar judicialmente apenas unos meses más tarde.

El 31 de agosto Pullaro les dijo desde un atril a la formación policial: “Lo que hicieron ustedes en estos nueve meses es heroico, le hemos demostrado a la República Argentina los resultados, bajamos la estadística de los delitos y eso fue posible porque hubo un plan diseñado y ejecutado. Y lo hicieron porque tuvieron liderazgo y conducción. Las cosas no suceden por sí solas, las cosas suceden porque hay acciones que se llevan adelante y el trabajo conjunto, con el acompañamiento de las fuerzas federales además, empieza a dar resultados”.

Es la misma fuerza y la misma conducción que esta semana quedó involucrada en una causa por la presunta malversación de 45 millones de pesos del erario público mediante la compra de combustible para el patrullaje.

Cajas negras

Es difícil medir de qué manera impactan las palabras oficiales como “garantismo zaffaroniano” en la fuerza de seguridad. Mano dura y héroes lucen, de entrada, como términos más simples, fácilmente comprensibles por una policía que, cuando es sometida a controles civiles, se considera con “las manos atadas”. Su reverso semántico, sin embargo, no es “manos libres”, sino “dura”.

De todos modos, la sobreactuación oficial en el caso de Luciano Nocelli, el policía que mató a dos delincuentes –una de las cuales estaba de espalda, desarmada y sentada arriba de una motocicleta esperando a su cómplice– sí constituye un mensaje incontrovertible, unívoco.

El último lunes, un fiscal de la Oficina de Violencia Institucional, José Luis Caterina, solicitó más de 30 órdenes de allanamientos en divisiones de la Policía de Rosario, domicilios particulares de policías y de civiles, en una causa que investiga una presunta malversación de fondos públicos con el combustible de las patrullas.

El asunto fue difundido públicamente a través de una rueda de prensa conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, lo que libera al funcionario de cualquier sospecha o responsabilidad penal en el asunto, a pesar de que los involucrados son subordinados suyos. Hay sectores del MPA que parecieran atravesar un proceso mimético con el Poder Ejecutivo.

En rueda de prensa, el ministro recordó que “siempre hemos dado a la Policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, pero no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”. La denuncia que permitió la investigación, aparentemente durante diez largos meses, no fue como consecuencia de un eficaz mecanismo de control interno, sino de un aviso anónimo a la Fiscalía Regional Rosario.

“Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación. La posición del Gobierno de la provincia es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional”, adoctrinó el ministro, sabiendo que puede haber hombres que se desvíen de su destino heroico.

El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, dijo al día siguiente de que se conociera el caso que involucra a varios jefes policiales y que le costó la cabeza a Daniel Acosta al frente de la Unidad Regional II, que “las cajas negras existen y existieron” en la fuerza de seguridad. Pero, aclaró, “no puede considerarse como algo admitido para que sea un sobresueldo”.

¿Común o premium?

Caterina solicitó el lunes 5 de mayo 38 allanamientos que se realizaron en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Funes, Pueblo Esther, Pérez y Álvarez. La mayor parte de las requisas se efectuaron en Ovidio Lagos 5250, sede de la Jefatura de la Policía local y apuntó a altos mandos de la fuerza.

Los arrestados fueron el subjefe de Talleres Mecánicos Tarragona, subinspectora Davina Pereyra; un agente del Cuerpo Guardia de Infantería llamado Francisco Tambonerea; Ramón Santinelli del Comando Radioeléctrico; Fabián Fantín y Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería.

Entre los investigados que la semana próxima irán a audiencia imputativa también figuran el comisario supervisor Rodrigo Domínguez de la Secretaría Privada de la Jefatura de la URII, y el jefe de Garage, comisario Gerardo Ramírez, responsables de la administración del combustible.

Nancy Plomer, empleada de la División Personal; el subinspector Sergio López de Comando Radioeléctrico; el inspector Juan Villordo de la Brigada Motorizada; el comisario Juan Pablo Pigozzi, de la Brigada de Orden Urbano; el subinspector Javier Arce de Infantería; Fernando Ceballos, subinspector del Grupo Táctico Multipropósito junto al subinspector Jorge Delgado y Gustavo Bazán, ambos de la División Logística, también fueron detenidos en los procedimientos del lunes 5, que incluye a un inspector de la PDI de nombre Franco Cuesta.

De acuerdo a lo que trascendió de la investigación, los arrestados tendrían algún grado de responsabilidad penal en una presunta red de malversación de fondos públicos mediante la carga de combustible para patrullar la ciudad. En el centro de la pesquisa aparece una estación de servicios Puma situada en de Ovidio Lagos al 3900, donde se habrían realizado las operaciones ilícitas, que según el fiscal rondaría los 45 millones de pesos. Las maniobras habrían consistido en cargar una cantidad de combustible pero facturar una mayor, cuya diferencia sería el retorno compartido entre los policías y el propietario de la estación, que también fue demorado junto a otros civiles involucrados en el caso.

El secretario de Seguridad Pereyra explicó que el jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, fue desplazado como de la Unidad Regional II aunque no figura entre los sospechados por las maniobras. “Es responsable de lo que hacen sus subordinados”, dijo el funcionario. Agregó que “reorganizamos la plana. Si bien el fiscal hizo mención de que la mayoría (de los detenidos) son jerárquicos, el único con jerarquía de mando es el jefe de la Brigada de Orden Urbano. El resto es todo personal responsable de cuestiones logísticas, de carga de combustible. De Agrupación Cuerpos, Comando Radioeléctrico, Motorizada el fiscal ordenó retirar sus celulares, pero no están detenidos ni imputados. Quedan separados de sus cargos a la espera de medidas judiciales”.

Si bien no se conocen los detalles de la investigación, que saldrán a la luz en la audiencia de imputación, el caso revela mecanismos repetitivos de la fuerza de seguridad de recaudación ilegal. En este caso no proveniente de economías ilícitas –como sí ocurrió en algunos de los hechos mencionados al comienzo de esta nota, en los que los policías requerían dinero a delincuentes para no formarles causa- sino de los propios recursos del Estado destinados al servicio público de seguridad.

Violencias

En paralelo a los casos de corrupción policial que repudia –y a los de violencia institucional con los que parece tener una mirada más contemplativa-, el Gobierno procura mantener estables los datos de violencia altamente lesiva, que en su primer año de gestión bajó drásticamente, tanto que generó suspicacias sobre la eficacia del método.

Aunque con un descenso notable en relación a períodos anteriores, el primer trimestre del año dejó una suba del 5,7 por ciento en la cantidad de homicidios registrados en el departamento Rosario en relación al mismo período de 2024. En cantidad de hechos, se trata de dos víctimas más, atento a que entre enero-marzo de 2025 ocurrieron 37 asesinatos en el distrito más poblado de la provincia, cuando un año antes se habían reportado 35.

Al cierre de esta edición, el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe publicó las infografías con los datos de abril, mes en el que reportaron 9 homicidios en el departamento más poblado de la provincia, uno menos que en el mismo mes de 2024. En lo que va del año se acumularon 46 víctimas, una más que en el mismo período del año anterior, pero menos de la mitad que en 2023.

Las disputas entre organizaciones vinculadas a las economías criminales, sigue siendo el principal motivo del empleo de la violencia altamente lesiva, y las armas de fuego el instrumento más utilizado. El 18 de marzo pasado, al encabezar el acto de apertura de sobres con las ofertas para la licitación de la nueva Estación Policial Rosario Centro, Pullaro afirmó sobre el descenso de la tasa de homicidios que “para llegar hasta acá tuvimos que hacer una serie de cosas”, y advirtió que “faltan muchas cosas más”. A pesar de que ya estaba en campaña para las elecciones de mediados de abril, en las que encabezó la lista de convencionales reformadores de Unidos e hizo uso a discreción de la demagogia punitiva al proponer quitar garantías de la Constitución, en aquella ocasión el mandatario acudió a la cautela.

“Yo les pido prudencia, porque estamos mejor, pero no estamos bien, no nos confiemos”, sostuvo durante la actividad, para agregar que, de todos modos, “vamos a estar mucho mejor cuando todo esto siga continuando”. No se refería, claro, a las causas judiciales que involucran a los uniformados, sino a las políticas de seguridad pública y las obras e inversiones destinadas a los sistemas policiales y penitenciarios. A veces, confiar asuntos importantes a los héroes de mano dura, tiene contraindicaciones.

Publicado en el semanario El Eslabón del 10/05/25

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