La vuelta a la fragmentación
Los decretos del presidente Javier Milei para limitar el derecho a huelga y que las provincias se arreglen como puedan con los salarios docentes golpean de lleno en el sistema educativo nacional.
27 de Mayo, 2025
“Si son maestros pasen, no les cobramos”, escucharon decir más de una vez las y los docentes que en mayo de 1988 se movilizaron desde el norte, el sur, el este y el oeste del país hacia la ciudad de Buenos Aires. La mano solidaria la extendían vecinas y vecinos de los pueblos y ciudades que iban atravesando estas columnas de guardapolvos blancos.
El 23 de mayo de ese año confluyeron en el centro porteño, en la avenida 9 de Julio alrededor del Obelisco, en un hecho histórico que se conoce como la Marcha Blanca. Un puntapié clave para hacer visible la necesidad de terminar con las desigualdades laborales de quienes enseñaban en Santa Fe, Jujuy o Santa Cruz, y darles una mirada nacional a las demandas del sector.
Veinte años pasaron desde aquella Marcha hasta alcanzar la primera paritaria nacional docente (2008). En el medio, la ley de transferencia de la administración y los recursos educativos a las provincias (1992), y la ley federal de educación (1993) hicieron lo suyo para fragmentar el país, profundizar las diferencias sociales, la pobreza. Y, más tarde, la continuidad de la lucha docente expresada en la Carpa Blanca (1997-1999).
La esperanza de retornar la mirada a una idea de educación nacional se recuperó con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Su primer e inmediato acto de gobierno fue viajar en persona a Entre Ríos a solucionar un conflicto entre Provincia y sindicatos docentes que tenía sin clases a las pibas y los pibes. El Estado se hacía presente. Fue el 27 de mayo de 2003.
Las leyes que vinieron después sellaron esa voluntad política de entender la educación como un derecho humano, y por lo tanto que las aulas se llenen de oportunidades para aprender. La ley de financiamiento educativo (26.075/05) es una de esas normas que, entre otros logros, estableció la paritaria nacional docente entre “el Ministerio de Educación de la Nación –ahora Secretaría–, el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional”. Una mesa para tratar condiciones de trabajo, calendario educativo, salario mínimo (piso para todo el país) y carrera docente.
Esa primera mesa de negociaciones se concretó el 22 de febrero de 2008. Un acuerdo que serviría de base y referencia para las discusiones en las provincias.
La secretaria general de la Ctera que participó de esa primera paritaria nacional, Stella Maldonado, la definía como un “salto de calidad” en la lucha del magisterio organizado y una “marca de identidad” de la docencia como trabajadora de la educación. “Arribar a acuerdos paritarios implica para los trabajadores de la educación constituirse como sujetos históricos que legislan sobre su régimen laboral y no quedar presos de las mayorías circunstanciales de los poderes legislativos de cada jurisdicción que modifican a conveniencia del poder político de turno nuestras condiciones de trabajo”, escribía la querida educadora en diciembre de 2007.
En mayo, pero casi 37 años después de la Marcha Blanca, el gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por el presidente Javier Milei, modificó por decreto (341/25) el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, el que refiere a la paritaria nacional docente.
Lo que hace es retirar la representación del Estado nacional de esa mesa de negociaciones, dejar que el Consejo Federal de Educación (integrado por las y los ministros de las diferentes provincias) y los gremios con representación nacional, acuerden el salario mínimo docente. Eso sí, si a Milei se le antoja que lo convenido no se ajusta a los ejes de su gobierno, será vetado.
El mismo día que se despachó con esta medida (el miércoles 21 pasado), declaró a la educación como “servicio esencial”, en lo concreto esto es limitar el derecho constitucional a huelga. También lo hizo por decreto (340/2025), modificando la ley de régimen laboral 25.877.
En una opinión difundida en las redes sociales (Dos decretos, una misma mentira) el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, define a las medidas libertarias como “una nueva deserción del Estado nacional” que “representa un daño para las y los educadores de todo el país”. “La paritaria nacional tenía la virtud de fijar un mínimo salarial, para que las provincias, sobre esa cifra, elevaran su propia propuesta. Así ocurrió entre 2003 y 2015, lapso en que mejoró sustantivamente el salario de los y las docentes en nuestro país”, recuerda.
Sileoni advierte que, a la vez, “esta política de desidia representa también la destrucción de «la nación educativa», y el retorno a la fragmentación, en donde cada provincia hará lo que pueda sin una voluntad nacional que articule, que marque el rumbo, que se interese siquiera por la suerte de los 12 millones de estudiantes, del millón de docentes, de las más de 60 mil escuelas”.
Más de las políticas de persecución
La Ctera definió al decreto que declara a la educación como “servicio” como “una nueva conculcación grotesca del derecho a huelga” del magisterio. Repasa que esta medida de Milei es una continuidad de “las políticas de persecución” a la docencia “instalada en la dictadura militar y retomada por el macrismo”. A la vez que afirma que “sin ningún interés por la originalidad, se quiere reinstalar un debate ya saldado”.
Lo que sigue –señala un comunicado de la Junta Ejecutiva de Ctera– será definir acciones sindicales y legales, que incluyen la denuncia ante los organismos internacionales.
La denuncia y repudio también los extiende a la retirada del Estado nacional (a través de la Secretaría de Educación de la Nación) “de la negociación del salario mínimo docente”: “Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo”.
Alerta que esta determinación “se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública”. El llamado generalizado de la Ctera es a las diferentes organizaciones sociales, políticas, a “la sociedad en su conjunto a defender la educación pública y el rol del Estado como garante de la educación pública y equidad federal”.
Santa Fe, pionera
La decisión de cerrar las discusiones paritarias por decreto no son novedad en la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro. Santa Fe es pionera en ningunear la mesa de negociaciones y cerrarla por decreto cuando la otra parte (la representación gremial del magisterio, en este caso) decide democráticamente, a través del voto docente, rechazarla.
Esto viene pasando desde la primera vez que se sentaron a compartir una mesa de discusión salarial y condiciones de trabajo con Amsafé y Sadop. El presentismo –que ahora presentan como premio– les funciona de diez para extorsionar la asistencia a las escuelas y renunciar al derecho a huelga. Además de las declaraciones juradas que obligan a maestras y maestros a autodenunciarse si adhieren o no a la medida de fuerza.
La actitud patoteril de los funcionarios de Pullaro nada tiene para envidiarles a los de La Libertad Avanza. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, compite para llevarse el primer puesto. A principios de la semana pasada, cuando anunció cómo se pagaría el aumento a los empleados de la provincia, avisó que a las y los docentes públicos será por decreto.
Una vez más atacó, sin nombrarla, a la representación de Amsafé, pasando por alto que se trata de un gremio de histórico ejercicio de la democracia en sus decisiones. La calificó como “una dirigencia que ya no representa a nadie”. Y para hacerlo recurrió a la perversidad discursiva: “La semana pasada se convocó a un paro y el 93,5 por ciento de los docentes eligió ir a trabajar. Eso demuestra claramente que la vocación está intacta y que se prioriza que los chicos estén en la escuela aprendiendo”. No es cierto, no se puede elegir con salarios de hambre. La mayoría fue a trabajar apretada por el presentismo, que en los sueldos de pobreza que paga Pullaro representa un porcentaje significativo.
Para reafirmarse en su discurso de odio y hasta de ignorancia, una vez más Bastía culpó al “kirchnerismo” de todos los males educativos. Y por supuesto también a los sindicatos docentes. Igual que lo hace La Libertad Avanza.
Publicado en el semanario El Eslabón del 24/05/25
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