Libertad de odio

Los ataques del gobierno de Javier Milei al derecho a la comunicación y a las y los trabajadores de prensa, que llegaron a pasar incluso a la acción por parte de sus seguidores, hacen imperiosa la necesidad de una ley que nos proteja.

“¡Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta!”. La arenga del público tuvo que ver con la invocación a las y los periodistas que hizo Javier Milei en el cierre de la campaña de La Libertad Avanza en CABA, para apoyar la candidatura del actual vocero Manuel Adorni. La expresión corporal rígida, el tono grave y la espera del Presidente a que el público respondiera al convite de odiarnos un poco más, es una imagen antidemocrática, peligrosa, que Milei apuesta a reforzar en el día a día. El mandatario atacó la libertad de expresión desde que llegó al gobierno y lo hizo como ningún otro jefe de Estado desde la recuperación democrática, recortando el derecho a la comunicación de una sociedad que requiere de todas las voces para estar informada y ejercer el pensamiento crítico. Desde el Sindicato de Prensa Rosario y para la provincia de Santa Fe, donde en poco tiempo se discutirá un nuevo texto constitucional, propondremos, con otros actores sociales, que estos derechos estén protegidos por ser indispensables para la vida en democracia.

El presidente construye de manera constante «enemigos sociales» entre los que están medios de comunicación y periodistas, contra quienes expresa una variedad de calificativos peyorativos y convoca a acciones negativas. En su obsesión por el pensamiento único y por el control de la información, el gobierno nacional necesita de una sociedad cada vez más desinformada. Por eso desde el inicio de su gestión desplegó el ataque que continúa por varios caminos: cerró o desguazó medios públicos con la consecuente pérdida de espacios de información y opinión plurales y de cientos de puestos de trabajo, deformó y degradó el valor y contenido de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, suprimió de manera temporal la distribución de la publicidad oficial y la retomó con total discrecionalidad y falta de transparencia. También anuló políticas públicas en favor de la comunicación popular y de medios cooperativos y autogestivos, profundizó su discurso violento contra el periodismo y habilitó el uso de métodos de amedrentamiento y campañas de castigo a través del colectivo de trolls. Los libertarios recurrieron, además, al uso de la represión a través de las fuerzas federales, con las que cada miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descarga órdenes de furia contra jubilados y trabajadores de prensa en las movilizaciones frente al Congreso.

Ya tuvimos víctimas de esta represión, como el fotógrafo Pablo Grillo, quien requirió más de dos meses de internación para estar a salvo, y tantos otros periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, que cada semana son blancos de golpes, gases y balas. Como si el derrotero de ataques contra el derecho a la comunicación no fuera suficiente, el presidente Javier Milei denunció penalmente a tres periodistas, Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalab, por los delitos de calumnias e injurias, y lo hizo mientras sostiene que el odio que existe en la sociedad contra nosotros «no es suficiente». Muy lejos de querer saber cuál sería la medida que pretende el gobierno, es imperativo que se detenga en su campaña de persecución, que tuvo un objetivo directo en la persona de Roberto Navarro, director de El Destape, atacado por la espalda, en plena calle y a la luz del día en Buenos Aires, y al que se sumó el caso del fotógrafo Antonio Becerra, de Tiempo Argentino, quien debió soportar el apriete del asesor presidencial sin cargo, Santiago Caputo. 

La constituyente provincial

Este rápido repaso por los mayores hechos de violencia protagonizados por una figura presidencial desde 1983, da mayor relieve a la convicción de nuestra organización sindical para proponer que la defensa del trabajo periodístico y el derecho a la comunicación, que incluye la dimensión social de la información, estén contenidos y protegidos en el que será el texto de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. Entre los artículos cuya redacción debatirá el pleno de las y los convencionales está el N°11, que en la versión actual lleva por título Libertad de Expresión, del Pensamiento, de la Ciencia y el Arte y en el que entendemos pertinente un nuevo desarrollo desde la perspectiva de derechos humanos que corresponde a la información. Como se sabe esa perspectiva está presente desde 1994 en la Constitución Nacional, cuando se incorporaron tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos que expresa que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole sin consideración de fronteras por cualquier medio de su elección”. Con base en esta concepción, entendemos que la información y la comunicación son derechos humanos y que todos los actores del proceso comunicacional deben promover el bien común y una sociedad informada en la que estén contenidas las diversas opiniones, alejadas de discursos estigmatizantes basados en la xenofobia, el sexismo, el racismo y toda otra expresión excluyente y violenta. 

Desde el SPR entendemos que la propuesta que se entregará a los convencionales debe incluir, además, el derecho de todos los habitantes de la provincia al acceso, inmediato, gratuito e irrestricto a la información pública, es decir, a la que se genera en los tres poderes del Estado provincial. La idea del llamado derecho a saber, sin restricciones, concibe una postura amplia y de pleno ejercicio democrático, diferente al espíritu del texto de la ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública (14.256), aprobado durante el 2024. Esa ley, reclamada desde 2003 por numerosas organizaciones santafesinas, no fue dada a conocer por las autoridades provinciales, cuando debiera ser un pilar para la transparencia de las gestiones de gobierno. Su texto incluye limitaciones para el usuario que requiera información y que deberá demostrar que posee un denominado «interés simple». Desde el Sindicato de Prensa Rosario nos preguntamos entonces: ¿Quién evaluará si ese «interés simple» califica para el acceso solicitado? Mientras también se deberá aportar prueba documentada de ese interés.

En relación con el secreto de las fuentes de información, contenido en el artículo 43 de la Constitución nacional, la propuesta a los convencionales lo incluirá en la redacción del nuevo artículo 11 que considerará que los apuntes y archivos profesionales y personales de las periodistas tienen el carácter de inviolables.

El derecho humano a la comunicación aparece, además, reflejado en un párrafo o inciso que planteará la necesidad de asegurar los principios del pluralismo, la diversidad y el respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión  Se propondrá, además, la prohibición del monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma de concentración y control de los medios de comunicación en el ámbito de la provincia. Y, el Estado provincial, debe garantizar la existencia de medios públicos, privados sin fines de lucro y privados comerciales que cumplan la misión de informar, educar y entretener a la población, difundiendo contenidos plurales y diversos, respetuosos de las diferencias e inclusivos. La Provincia sostiene los medios públicos y fomenta los medios comunitarios de entidades sin fines de lucro.

Entre otros puntos, el de la distribución de la publicidad oficial señala la indispensable necesidad en cuanto a que esa distribución se realice con el criterio de equidad y efectiva transparencia.

*Secretaria adjunta del Sindicato de Prensa Rosario

Publicado en el semanario El Eslabón del 17/05/25

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