El ojo delator

En una clase sobre derechos humanos, y ante la pregunta de un estudiante, una profesora se refirió a la situación en Gaza. Una alumna judía dijo sentirse aludida por la explicación de la docente y su padre la denunció ante la Justicia. La educadora fue condenada penalmente por “maltrato psíquico”. La decisión abre un peligroso antecedente para la profesión de enseñar, al judicializar lo que debiera resolverse en el aula. Lo ocurrido se suma a otros casos preocupantes del ojo delator en el trabajo docente. 

Ana Contreras es profesora de filosofía y de ciencias sociales en una escuela de General Pico, La Pampa. Según se explayó en una entrevista realizada por Página 12, titulada Una docente secundaria condenada en La Pampa y de recomendable lectura, el hecho ocurrió en 2023, cuando trabajaban sobre “los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina” y el pedido del Ministerio de Educación de La Pampa de “profundizar en derechos humanos”. En ese contexto, surgió una consulta de la clase y la respuesta de la docente, que entre otros conceptos se refirió a la complejidad de las guerras y afirmó que “la situación en Gaza es trágica para todos los civiles”, en especial para las niñas y los niños. Una estudiante judía dijo sentirse aludida, su padre hizo la denuncia y esta semana se conoció el fallo del juez Maximiliano Boga Doyhenard, que condena a la educadora por “maltrato psíquico” y a una multa de 913.800 pesos.

El hecho es un grave antecedente para el oficio de la enseñanza, que ocurre además en un contexto de persecución a la docencia y de delación por los contenidos sobre los que trabajan, en particular los referidos a los derechos humanos, la memoria y la educación sexual integral (ESI). 

Apenas conocido el fallo judicial, llegaron las expresiones de solidaridad con la profesora pampeana y el repudio a la criminalización de la tarea docente. La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) y la Ctera se movilizaron en apoyo a la educadora y exigieron “la no judicialización de la educación”.

“Esta condena nos preocupa muchísimo, precisamente porque es la injerencia de la Justicia, de un órgano que no corresponde al sistema educativo, ante una situación que se dio en el aula, en el marco del vínculo pedagógico”, sostuvo la secretaria general de Utelpa, Rosana Gugliara. Recordó que hay otros instrumentos de mediación que corresponden para dirimir las situaciones conflictivas en la escuela. 

Para la secretaria de Género de Ctera, Lilia López, “esta resolución no solo criminaliza la tarea docente, sino que constituye un antecedente que la pone en riesgo, como a la educación pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que los docentes desempeñamos día a día en las aulas”.

López remarcó que “enseñar no es delito” y demandó “la inmediata revisión del fallo, el cese de la persecución judicial a trabajadores y trabajadoras de la educación, y el respeto irrestricto por la libertad de cátedra y el trabajo docente en todo el país”.

El Movimiento Federal xmásESI es otra de las organizaciones que expresó su solidaridad con Ana Contreras y repudió el fallo del juez contravencional Boga Doyhenard. “La denuncia fue realizada por el padre de una estudiante, quien ya con anterioridad había intentado impedir que sus hijas reciban ESI. En esta oportunidad, lo que motivó la denuncia fue el abordaje, en una clase de Construcción de la Ciudadanía –y en el marco de los derechos humanos– del conflicto entre Israel y Palestina. El magistrado argumentó «maltrato psicológico» y exhortó a la docente a que «no vuelvan a repetirse hechos de esta naturaleza»”, repasaron desde este Movimiento.

Consideraron que la situación “agravia fuertemente a la docente, a la par que genera un antecedente extremadamente peligroso respecto de la judicialización en relación con un contenido de enseñanza”. Piden la absolución de la educadora y aseguran que –desde este espacio– seguirán defendiendo “una educación pública habitada por el diálogo, el debate y la expresión de ideas, que contribuya a comprender crítica y reflexivamente la realidad”.

“La educación no es neutral”

A principios de abril, el diputado del PRO Juan Martín, de la provincia de Río Negro, denunció por ”adoctrinamiento” y “manipulación ideológica” a dos docentes de una escuela secundaria de General Roca que utilizaron notas periodísticas en un taller de comunicación. Los artículos referían al presidente Milei y sus críticas a artistas nacionales. A tal denuncia pública se sumó la legisladora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien además pidió interpelar a la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos.

Desde la escuela afectada respondieron a la denuncia de “adoctrinamiento” que corrió por los medios y redes sociales. Las y los profesores señalaron en un comunicado –que reproducen distintos portales de Río Negro– que los textos usados son parte de un trabajo curricular, que valora “la formación de estudiantes capaces de analizar, interpretar y debatir la realidad a partir de diferentes fuentes de información”.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de censura o persecución ideológica en el ámbito escolar”, expresaron las y los profesores, y aseguraron que las declaraciones del legislador del PRO son “un intento de criminalización de la labor docente” y una amenaza directa contra la libertad de enseñanza: “Es inaceptable que se pretenda disciplinarnos bajo la amenaza de sanciones por el simple hecho de promover el pensamiento crítico, un principio esencial de la educación pública y democrática”.

Para la docencia esas acusaciones “subestiman la capacidad del estudiantado”; y citaron al escritor y docente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Martín Kohan: “Para que exista y funcione el adoctrinamiento hacen falta por lo menos dos elementos: la palabra autoritaria del docente y la cabeza hueca del estudiante”.

También llamaron a los legisladores denunciantes a interesarse por los problemas estructurales que tienen las escuelas como “las falencias edilicias, de gas, transporte, comedores y conectividad”. “Defendemos la escuela pública como derecho, porque defenderla es defender la democracia y el libre pensamiento”, valoraron.

Entre las declaraciones de rechazo a esta denuncia está la de la diputada Maricel Cévoli (Juntos Somos Río Negro) y vicepresidenta de la comisión de Educación de la legislatura provincial. “Cualquier tipo de acusación de adoctrinamiento tergiversa el sentido profundo de las prácticas educativas, deslegitima el rol docente y atenta contra la libertad pedagógica y el derecho de las y los estudiantes a una educación integral”, advirtió. 

La legisladora recordó que “defender la educación pública implica resguardar la autonomía pedagógica y el rol docente” y que “la educación pública no es, ni puede ser, neutral”. 

También la Ctera y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) repudiaron los ataques impulsados por representantes de La Libertad Avanza y del PRO “quienes pretenden avasallar la libertad de cátedra y condicionar el trabajo docente con fines de disciplinamiento político”.

Más de los intentos de “disciplinamiento”

A fines de marzo pasado, una maestra y la directora de la Escuela 229 de Roldán fueron agredidas por la madre y el padre de una alumna de primer grado. Ocurrió tras una clase sobre Memoria, Verdad y Justicia, enmarcada en los contenidos curriculares y las leyes vigentes que avalan su enseñanza en las aulas. 

Primero fue el padre quien interpeló a los gritos a la directora de la escuela primaria, luego la madre zamarreó con violencia a la maestra de su hija en el patio escolar y delante de niñas y niños que se preparaban para entrar a clases. 

Lo ocurrido derivó en un masivo abrazo solidario a la institución pública y una enorme muestra de afecto y respaldo a las docentes de parte de la comunidad educativa. Desde Amsafé condenaron “la violencia en todas sus formas” y afirmaron su “compromiso con la construcción de memoria activa como práctica educativa y herramienta para defender la democracia y los derechos humanos”. 

El año pasado dirigentes libertarios y del PRO, entre quienes estaba la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, fueron contra las colecciones de lectura Identidades Bonaerenses y ESI en las escuelas bonaerenses. Más derechos en las aulas, en particular sobre el libro Cometierra, de Dolores Reyes.

“Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas!”, difundió Villarruel en las redes sociales sobre estas colecciones. El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, le pidió hacer “un esfuerzo de comprensión”.

Delación a la santafesina

Otra versión de denuncias respecto del trabajo docente es la de las declaraciones juradas a las que están obligadas de completar las y los docentes santafesinos ante cada paro (provincial o nacional). La medida se implementó en los primeros meses de la gestión del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y de su ministro de Educación, José Goity.

En este caso, la persecución corre sobre la decisión de adherir o no a una medida de fuerza dispuesta en el marco del derecho a la protesta y definida por las organizaciones sindicales que también son parte de la democracia.

Así, las y los docentes provinciales deben dejar constancia –con carácter de declaración jurada– si se suman o no a los paros, marcando algunas de las opciones que contempla este dispositivo de control: “Presté servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio (ese día)”. La consecuencia inmediata de no completarla es el descuento de la jornada y el no pago del presentismo (lo que llaman Premio a la Asistencia Perfecta y representa una buena parte de los salarios de miseria).  

La medida del gobierno de Pullaro obliga a las y los educadores a una práctica de autoincriminación y hasta de denuncia entre quienes trabajan en una misma institución educativa. No es la única: la persecución y hasta encarcelamiento de quienes protestan, como ocurrió ante la reforma previsional en octubre del año pasado, también es parte de este plan de disciplinamiento.

Publicado en el semanario El Eslabón del 19/04/25

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 6000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.